COLUMNA DE OPINIÓN

Gratuidad: Pensémoslo bien.

Sergio Olavarrieta

  • Ph.D. in Business Administration, University of Georgia, Georgia, USA
  • B.A. Business, Universidad de Chile, Santiago, Chile
  • Ingeniero Comercial, Universidad de Chile, Santiago, Chile
Vicedecano Facultad de Economía y Negocios,
Universidad de Chile.

 

En cualquier país del mundo, las autoridades no pensarían hacer un cambio al sistema de educación superior asociado a gratuidad, de la magnitud planteada, en sólo un par de meses, y menos cuando aún no existe acuerdo con los principales actores del sistema.

Por ello, en relación a la reforma que se impulsará próximamente, se deben discutir mejor los objetivos y los medios para lograrlos. En cuanto a lo primero, parece evidente que (1) el foco debe estar en la calidad de instituciones públicas y privadas, certificadas externamente, y (2) que la definición de dicha calidad varíe dependiendo de la misión específica de las instituciones y los públicos que éstas deban servir, incluyendo algunas con énfasis en la formación profesional y técnica, o en la formación profesional y contribución a la práctica e investigación local, y universidades más complejas que busquen jugar un rol en la región y en la comunidad científica mundial. No todas las universidades estatales (ni privadas) tienen que tener la misma misión ni las mismas definiciones de calidad y desempeño.

Para lograr estos objetivos es importante dotar a las instituciones públicas - en particular- de herramientas y medios, incluyendo, por cierto, un mayor financiamiento por alumno total (público + privado) para acercarse a los niveles mundiales. En el contexto actual, parece imposible conseguirlo sólo con fondos públicos. Las experiencias en Australia o Suecia, potencias emergentes en universidades de clase mundial, señalan que es necesario
combinar el esfuerzo público con el de los privados y las familias de mayores ingresos. Asimismo, los planteles públicos debieran flexibilizar su oferta en términos de cupos de sus carreras, para servir a su misión y públicos objetivos para sus necesidades futuras. Limitar los cupos de las instituciones públicas es inconsistente con la aspiración de que más alumnos accedan a universidades de calidad. La flexibilidad también debiera cubrir una
modernización en las formas de control existentes, que son más adecuados a servicios públicos como ministerios, pero que resultan inconsistentes con instituciones que deben promover la creación y difusión de conocimiento e innovación.

Finalmente, se deben entregar herramientas de funcionamiento que acerquen a las universidades públicas chilenas a las mejores prácticas de gestión en el mundo, redefiniendo y flexibilizando estructuras, y promoviendo formas de gobernanza que representen el interés del país, en el largo plazo, en las áreas de formación y de desarrollo profesional, científico y
tecnológico. Las cláusulas sugeridas no parecen ir en la dirección de las universidades que el propio Estado chileno considera para enviar a sus becados de doctorado y maestría. Gratuidad no implica calidad. Pensémoslo bien.

Fuente: Diario La Segunda - 7 de octubre de 2015 http://impresa.lasegunda.com/2015/10/07/A/FV2PMBH4/QH2PMC2A

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